Buenos Aires, 1 nov (EFE).- Unas 70 dependencias de Buenos Aires dejaron de ser custodiadas desde hoy por la Policía Federal Argentina a raíz de una deuda millonaria con el Estado nacional, en un nuevo enfrentamiento político entre las autoridades porteñas y la administración central del país.

La decisión de la Policía Federal, dependiente del Gobierno nacional, de dejar de custodiar 15 oficinas públicas, la terminal de ómnibus de Retiro, la principal de la ciudad, y varias plazas obligó al gobierno porteño a contratar agentes privados de seguridad para evitar un aumento en los delitos, indicaron fuentes oficiales.

"Se está trabajando para solucionar" el pago a efectivos de la Policía Federal, pero "ningún objetivo quedará desprotegido", indicó a medios locales el jefe de Gabinete de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en alusión a la polémica que desató la deuda de 34.000.000 pesos (8.940.000 dólares) que mantiene el gobierno porteño con la fuerza de seguridad.

Se trata de una nueva polémica entre el Gobierno de la peronista Cristina Fernández y la administración del conservador Mauricio Macri, uno de los líderes de la oposición argentina.

"No pueden decir (los funcionarios porteños) que puede haber problemas porque se retiran los policías, tienen que decir que puede haber problemas porque ellos no pagan", sostuvo el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, en declaraciones radiales.

En cambio, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, advirtió que "los ciudadanos pagan los impuestos nacionales y hay que poner todo en su justa medida para llegar a un buen acuerdo".

Por su parte, el legislador y ex alcalde Aníbal Ibarra opinó hoy que "no es una nueva improvisación" la decisión del gobierno de Buenos Aires de contratar agentes privados, "sino que detrás de esto existe un negocio millonario con las empresas de seguridad", alertó.

La polémica se desató poco antes de que inicie su funcionamiento, previsto para finales de noviembre, la Policía Metropolitana, cuya creación fue aprobada a finales de 2008 por la Legislatura de Buenos Aires.

Esta fuerza depende del Ejecutivo de la ciudad y no del Gobierno central, como la Policía Federal.

La iniciativa fue propuesta por Macri después de que fracasaran sus gestiones con el Gobierno de Cristina Fernández para que éste traspasara la Policía Federal a la órbita de la capital del país con sus fondos correspondientes, que rondan los 250 millones de dólares anuales. EFE