Washington, 2 nov (EFE).- Dos organizaciones no gubernamentales defendieron hoy en Washington la nueva ley de medios audiovisuales que ha entrado en vigor en Argentina, aunque pidieron al Gobierno que tome más medidas para promover la libertad de expresión.

La ley "es un paso adelante importante", dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de América Latina de Human Rights Watch, en una conferencia en el Diálogo Interamericano, un centro de estudios independiente.

Sin embargo, enfatizó que debe complementarse con una ley federal que dé acceso a información del Gobierno por parte de los periodistas y el público, así como guías claras para la distribución de la publicidad pública a nivel federal.

En la misma línea se manifestó Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización argentina de derechos humanos.

Pidió al Senado que apruebe el proyecto que despenaliza el procesamiento de periodistas por difamación, ya ratificado por la Cámara de Diputados.

Verbitsky calificó la Ley de Medios Audiovisuales como "un avance muy importante de la democracia argentina, de la diversidad, al dar la palabra a sectores de la sociedad argentina que no la han tenido por mucho tiempo".

La nueva norma limita a diez el número de licencias de radio y televisión que puede tener una empresa, con el objetivo de limitar la concentración de medios y permitir más pluralidad en las ondas.

También impide poseer una televisión de canal abierto y otra por cable en la misma localidad, y prohíbe la entrada en el sector de comunicación de las compañías de telefonía.

La ley ha sido rechazada por la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición, y por los grandes conglomerados de comunicación, a quienes perjudica.

Incluso sus partidarios reconocen que la norma no es perfecta.

Vivanco afirmó que el texto contiene definiciones "vagas" de las irregularidades que pueden causar sanciones, incluida la retirada de la licencia de emisión.

También dijo que el órgano regulador creado para la aplicación de la ley carece de suficiente independencia de los poderes políticos.

Por último, el texto no especifica qué pasará con las empresas que poseen más licencias que las permitidas por la nueva ley y que podrían demandar restitución económica, explicó Vivanco.

Pese a sus fallas, Vivanco enfatizó que la nueva ley es mucho mejor que la norma que deroga, que data de la dictadura militar (1976-1983), y su impacto dependerá de cómo se aplique.

"La ley podría convertirse en una referencia para la región" si de verdad fomenta la diversidad de opiniones, dijo Vivanco, quien denunció que los "monopolios y oligopolios" son un gran problema en América Latina, pues "amenazan la libertad de expresión". EFE