Por Iván Ruiz
De la Redacción de lanacion.com
iruiz@lanacion.com.ar

Las historias de Manuel Gonçalves y Evelyn Vázquez Ferrá se unen en diversos puntos. Hijos de desaparecidos, convivieron durante dos décadas con una falsa identidad, pero luego conocieron su verdadero origen y, finalmente, se pusieron en contacto con sus abuelas.

Sin embargo, las formas implementadas para recuperar la identidad marcan las diferencias. ¿Es el Estado el encargado de revelar el origen de los supuestos hijos de desaparecidos? ¿O es un derecho del que sólo puede hacer uso la víctima? La iniciativa impulsada por el Gobierno, que pretende establecer la extracción compulsiva de ADN, instaló la discusión.

"El proyecto es una buena herramienta porque le da un marco legal y porque es la mejor solución para resolver este delito gravísimo", indicó Manuel Gonçalves ante la consulta de lanacion.com . "Después de tantos años de mentira, muchos chicos sienten culpa de revelar su identidad. No se les puede pedir que ellos resuelvan este tema, porque es un deber del Estado", expresó.

Recién nacido, Manuel sobrevivió a una masacre. En noviembre de 1976, fuerzas represivas desembarcaron en el chalet donde se alojaba su madre, junto con un matrimonio y dos pequeños hijos, en San Nicolás. Lanzaron granadas de mano y dispararon gases lacrimógenos y los atacaron con ametralladoras. El único sobreviviente fue aquel bebe que había sido escondido en un armario por su madre, rodeado de almohadones. Luego le borraron su identidad y lo dieron en adopción a un matrimonio de clase media.

Hace diez años lo encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo en el sur del conurbano bonaerense, donde vivía. Aquel Claudio Novoa eligió llamarse Manuel, su verdadero nombre. Conoció a su abuela, a su hermano y a los amigos de su padre. Ahora colabora con la búsqueda de nietos nacidos en cautiverio.

Manuel vuelve sobre el proyecto que lo entusiasma: "Ellos tienen que estar al margen de esto. Está claro que muchos de estos chicos no buscan su identidad porque es muy duro hacerlo. Liberémoslos de esa situación. Esta iniciativa busca, sin violentarlos a ellos, resolver este problema tan complejo".

Reglamentar. El proyecto oficial , que actualmente es tratado por Diputados, pretende reglamentar la extracción de sangre como procedimiento para realizar una prueba de ADN, aunque prevé, en casos de víctimas como estos, la realización de allanamientos a los domicilios de las víctimas para secuestrar cepillos de dientes, peines o ropa íntima que les permita acceder al patrón genético para luego obtener su verdadera filiación.

Evelyn Vázquez Ferrá se negó a someterse al análisis de sangre en 2001. Ella sabía que esos resultados podían afectar a quienes la habían criado. En 2003, la Corte Suprema de Justicia avaló su postura: determinó que no era válida la extracción compulsiva de sangre para revelar la identidad en el caso de presuntos hijos de desaparecidos. Sin embargo, este año el mismo organismo ratificó la negativa sobre este procedimiento, pero habilitó la posibilidad de acceder al ADN a través de otros procedimientos.

La madrugada del 14 de febrero de 2008 la Justicia allanó el domicilio de Evelyn. Unos 20 policías forzaron la puerta, ingresaron al domicilio y secuestraron su cepillo de dientes, ropa interior usada y su pinza de depilar, elementos que les permitieron acceder a su ADN.

" Evelyn se sintió violada, ultrajada. La trataron como si fuera una mafiosa, le revolvieron toda la casa. Es denigrante que quien ha sido víctima de un delito, que actualmente lleva la mejor vida posible, sea tratada como una delincuente", indicó, indignado Juan Pablo Vigliero, abogado de Evelyn. Ella no accedió a dialogar con con lanacion.com y lo hizo su asesor legal.

Identidad. Meses después se confirmaron las sospechas: Evelyn es hija de Rubén Bauer y de Susana Pegoraro, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. Luego de conocer su identidad, Evelyn cambió su apellido y conoció a sus abuelas. Sus apropiadores estuvieron detenidos y, actualmente, enfrentan en libertad el proceso judicial correspondiente.

"Este proyecto nació muerto porque es inconstitucional. Lo dijo la Corte Suprema: es contrario a derecho la extracción compulsiva de sangre para quienes son víctimas de delitos", sostuvo Vigliero.

Además, el abogado cuestionó los allanamientos que pretende reglamentar el Gobierno. "A la persona damnificada no se la puede tratar como imputada ni como si fuera un objeto de investigación. Se trata de una intervención de extrema violencia. Seguimos victimizando a las víctimas", acusa.

"Si no se puede allanar quedás librado a la voluntad de que los apropiadores vengan a avisarte que hace 30 años se quedaron con un chico. ¿Crees que eso va a pasar? Todavía no hubo uno que se arrepintiera, que diga dónde está el resto de los chicos; estamos buscando a más de 400", argumentó Manuel.

"No se puede obligar a estos chicos a ir contra su voluntad por la fuerza. Muchos fueron criados con amor y les es violento ir contra las personas que los educaron. Ellos ya son personas adultas y deben ofrecerse de manera voluntaria", explicó Vigliero.

El letrado propuso que los jóvenes se sometan a un análisis "pero que los resultados no se utilicen como prueba contra las personas que los criaron, para así alivianarles la carga de ver presos a quienes los han criado".

Manuel está convencido de que este proyecto impulsado por el Gobierno es la mejor manera de resolver este problema. "Cuando recuperamos a los nietos nos dicen: «Menos mal que me vinieron a buscar»".

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