El mismo gobierno que impulsó con fuerza la "ley de medios" poniendo el foco en la necesidad de desmonopolizar los servicios audiovisuales acaba de consagrar por decreto el monopolio de la venta de diarios y revistas en el país.

La flagrante contradicción gubernamental nos dice que el monopolio, como concepto, puede ser a la vez malo y bueno, absurda lógica que nos lleva a buscar explicaciones en otro terreno.

En realidad, este retorno a 1945 replantea la manifiesta inconstitucionalidad de aquella norma que restringía los canales de comercialización de diarios, periódicos y revistas a contramano de la Constitución, norma fundamental que propicia y resguarda la existencia de los medios de comunicación y la circulación de sus productos por considerarlos efectivos nutrientes del sistema democrático y republicano.

Cuesta entender entonces la traba a la comercialización que supone la draconiana limitación de sus puntos de venta. Y, peor aún, la fijación de porcentajes en el precio de tapa que exceden con amplitud los de cualquier otro producto comercializable y no tienen parangón en el resto del mundo.

Así, la letra de la Constitución ha sido sobreimpresa en la práctica con textos de menor jerarquía que la desnaturalizan.

Pero si la norma del 45 era cuestionable, podía entenderse en un contexto de desprotección del trabajo, sobre todo de niños. Ahora la situación es otra, rige un sistema constitucional moderno y la actividad de los canillitas ha evolucionado. Ya no se trata de niños o adolescentes que vocean los diarios por las calles a cambio de unas monedas.

Hoy, la venta se realiza principalmente en quioscos bien organizados, que ofrecen decenas de títulos y son administrados por cuentapropistas que obtienen buenos ingresos y ofrecen servicios a la carta. Es cierto que para brindar esas prestaciones suelen emplear vendedores que, sin duda, deben estar cubiertos por las leyes. Es lo que corresponde a todo empleador.

Lo que en cambio resulta inaceptable es que se juegue con las palabras en el intento de trasladar responsabilidades. En este sentido, el uso de la palabra "trabajador" aplicada al voleo se torna tan ambiguo como el vocablo "monopolio" al que me refiero en el inicio de este comentario.

La ambivalencia de las palabras produce confusiones que la técnica legislativa debería evitar, salvo, claro, que ése sea el propósito del autor de la norma. En tal supuesto, la confusión se asocia con la intencionada corrupción de los conceptos. Y a partir de allí todo se contamina.

El autor es presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

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