Cuando hay dificultades para conocer la temperatura de un paciente afiebrado, de nada sirve cambiar el termómetro si no se reemplaza a quien lo manipula mal. La misma lógica se puede aplicar a la medición del índice de precios al consumidor (IPC): ninguna metodología nueva será eficaz mientras su aplicación dependa de las mismas personas que están fuertemente sospechadas de falsear los datos oficiales.

El miércoles último se conocieron los lineamientos del nuevo IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el que el Gobierno espera desterrar las dudas sobre los números que publica. Pero según la opinión de la mayoría de los especialistas consultados por LA NACION, todo seguirá igual, si no se produce una verdadera renovación del organismo.

El economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina, dijo que lo fundamental es reorganizar el Indec y buscar alguna forma de gobierno que le garantice a la sociedad civil que ese instituto va a tener independencia. ?A partir de ahí, se puede empezar a discutir la metodología de medición, que tiene que estar en manos de gente creíble?, afirmó.

El economista Claudio Mauro, que tiene a su cargo la medición de precios que realiza el estudio M&S Consultores, apeló a una hipótesis extrema para resaltar el descrédito del organismo. ?Si hoy armara un índice técnicamente intachable, igual sería difícil que la gente le creyera, porque la pérdida de confianza es inmensa?, dijo.

Pero no parece ésta la visión de la actual administración, que mantiene intacto el poder de los principales ejecutores de los retoques a la medición de la inflación y de la intervención del instituto. Tanto es así que las encargadas de presentar el nuevo índice fueron la actual directora del Indec, Ana María Edwin, y la responsable de Indices de Precios al Consumo, Beatriz Paglieri, dos mujeres que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Con este panorama, la sospecha generalizada es que la nueva metodología no es otra cosa que un buen artilugio para seguir escondiendo la verdadera inflación. ?Ya estábamos mal y con esto vamos a estar peor, porque lo único que se busca es dar un fundamento técnico a los métodos chapuceros que ya se usan desde hace un año y medio?, disparó Víctor Beker, ex director de Estadísticas Económicas del Indec.

El nuevo índice, que se comenzará a utilizar en junio, relevará 440 tipos de productos y servicios, que estarán más especificados que los 818 actuales. Algunos, como frutas, verduras e indumentaria, tendrán una incidencia variable en el índice para reflejar estacionalidades, cambios en los hábitos de consumo o sustituciones ante fuertes alzas de precios, por ejemplo. Pero se desconoce la composición definitiva de la canasta y cómo se determinarán los cambios en las ponderaciones de cada producto.

Los especialistas coincidieron en que el problema más serio desde el punto de vista metodológico es que se habla de una canasta móvil, pero se toma como referencia una foto fija, que es la que surge de la Encuesta de Gasto de los Hogares 2004-2005. Sería necesario conocer mensualmente cómo varía la estructura de gastos de los hogares, ya que es muy difícil conformar una canasta móvil que refleje la realidad, si no se cuenta con esa información.

Beker explicó que no está mal que se tome la referencia de la encuesta de 2004/2005, porque es la mejor que hay disponible en este momento, pero advirtió que no se puede pretender armar una canasta móvil sobre esa base.

Según indicó, en los Estados Unidos también existe una canasta móvil, pero allí se confecciona un estudio de la estructura de gastos de manera continua. Como acá no pasa lo mismo, lo que se teme es que la variación de la composición de los productos que se tomarán en cuenta en cada oportunidad quede a discreción del Gobierno.

"La idea de la canasta estacional no está mal, lo que sí estaría mal es que se reemplazaran los productos por el sólo hecho de que aumentan", opinó la ex coordinadora de Indices de Precios de Consumo del Indec Marcela Almeida, una de las técnicas desplazadas por la actual conducción del organismo. "Los mismos aspectos que podrían ser considerados un avance, puestos en las manos de esta gente, pueden llegar a convertirse en un arma de doble filo", añadió.

De todos modos, un relevamiento mensual, que reflejara exhaustivamente los cambios en los hábitos de consumo de la población sería algo muy costoso de instrumentar. En este sentido, el ex director del Indec Héctor Moreno comentó que ésa es una vieja aspiración en todo el mundo, pero que se torna muy difícil de cumplir. "Lo que se hace en la mayoría de los países es tomar como referencia una canasta que tiene una actualización lo más cercana posible", acotó.

El inconveniente en la Argentina es que esa encuesta se hace cada diez años; demasiado tiempo como para servir de parámetro para la confección de una canasta móvil.

Sustitución manipulada

Otro de los cuestionamientos es que si se pone en práctica la sustitución de productos, lo que se confecciona no es un índice de precios, sino un índice de costo de vida. Según explicó Beker, el primero de estos indicadores se realiza mediante el seguimiento en el tiempo de los valores de los mismos artículos. Pero no parece ser esa la modalidad que se aplicará acá, donde éstos estarán sujetos a modificaciones.

En sintonía con este argumento, Camilo Tiscornia, economista del estudio Castiglione y Tiscornia, señaló que lo que se intenta hacer con la nueva metodología anunciada el miércoles último es "armar la canasta más barata que se pueda imaginar".

Para Colina, en tanto, cualquiera sea el método que se emplee, el Gobierno tiene que hacer transparente la exclusión de un componente de la canasta. "Acá no queda nada claro, porque dicen que eso lo va a disponer un funcionario unilateralmente", criticó el economista.

Las objeciones no terminan ahí. La cuestión de la recolección de los datos también genera dudas, ya que es fundamental que en el cálculo se ingrese sólo la información recogida por los encuestadores. "Este es un punto que se da por sentado en cualquier país serio, pero en la Argentina hay que aclararlo, porque hace un tiempo que no se trabaja así", apuntó Beker.

El temor de los consultados es que se tomen datos que se elaboran en los escritorios, que aparecen en acuerdos de precios o que surgen de los empresarios, con el único fin de llegar a un número más bajo del costo de vida.

Esta es una de las mayores preocupaciones del director provincial de Estadística y Censos de la provincia de San Luis, Adrián Garraza, un hombre mirado con recelo desde el Gobierno, debido a que su índice refleja una inflación tres veces más alta que la que registra el organismo oficial para el IPC del Gran Buenos Aires. Para él no hay dudas: los datos deben ser tomados en campo.

"Una cosa es el precio de consumo y otra, el acordado; se tiene que tomar el primero, pero van a echar mano al que manden desde la Secretaría de Comercio Interior", dijo Garraza. Y agregó: "Se puede fijar el pan a dos pesos, pero después hay que comprobar que cuesta eso en el mercado. De lo contrario, no estás elaborando un índice de precios, sino un índice de precios acordados".

Para Tiscornia, lo que se debe hacer es un relevamiento periódico de precios individuales y una estructura de ponderaciones razonable, que permita combinar los valores de los artículos para sacar una idea del índice. "Medir la inflación de otro modo no es correcto", indicó.

¿Representa el nuevo índice a toda la población? De acuerdo con lo expresado por los expertos, esto no está claro, pero el hecho de que se hable de una canasta reducida hace suponer que lo que se tiene en mente es relevar el consumo de un determinado sector. Más precisamente, se limitará a lo que compran los dos tercios de menores ingresos.

Moreno, quien estuvo al frente del Indec entre 1991 y 2001, se mostró contrario a esta modalidad. "Es un retroceso respecto de lo que existía antes, porque ahora no vamos a tener un índice general, sino uno restringido a una parte de la población. No está mal tener varios índices, pero no debería dejarse de lado el general."

En tanto, Beker sostuvo que una medición con estas características sólo puede servir para discutir aumentos salariales, pero no para delinear una política monetaria confiable.

¿Qué cabe esperar en este contexto? "El mayor riesgo es que se comiencen a alentar expectativas inflacionarias. El Gobierno rompió el termómetro y la gente va a empezar a especular y a creer que hay una inflación mayor a la real", respondió Garraza, que calcula que varios puntos de la estimación actual se deben a este tipo de especulaciones.

Sin referencias

Según Tiscornia, al perder confianza en el instrumento de medición, la población empieza a tomar cualquier cosa como referencia. "Así se hace muy difícil combatir la inflación. No se puede bajar un índice real del 20%, cuando la gente cree que es del 30%, por lo que ve en el supermercado", enfatizó.

Almeida coincidió con este diagnóstico y lamentó la pérdida de una estadística que sólo puede elaborar el Indec, porque, según su opinión, ninguna consultora tiene la estructura suficiente para hacerlo.

Beker consideró que, al no tener un dato cierto de la inflación, el sector privado se quedará sin referencia para su toma de decisiones y el sector público perderá un mojón fundamental para poder armar su política macroeconómica. "Manejamos un avión a 1000 kilómetros por hora y hemos desconectado los instrumentos. O mejor dicho, hemos toqueteado esos instrumentos para que indiquen que no estamos volando", graficó.

El destrato de las estadísticas oficiales también tiene repercusión en los estrados judiciales. La semana última, se conoció un fallo por el que se le ordena al Indec que informe fehacientemente sobre cuál es la metodología que emplea para calcular la inflación, qué modificaciones se han instrumentado y las razones que llevaron a sus autoridades a aplicar tales cambios (ver recuadro).

Además, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tienen el 52% de su stock invertido en bonos que el Estado les obligó a comprar y que se actualizan por inflación, no hay que descartar futuros juicios por damnificados que reclamen por el recorte de rentabilidad que les provoca la manipulación del índice de referencia.

Carlos Manzoni
De la redacción de LA NACION