SAN SALVADOR (AP) - El presidente Mauricio Funes anunció el martes que el Estado salvadoreño otorgará la máxima condecoración del país en forma póstuma a seis sacerdotes jesuitas asesinados en 1989.

"He tomado la decisión de otorgar los seis sacerdotes asesinados la orden nacional José Matías Delgado en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, por servicios extraordinarios prestados al país", dijo Funes en conferencia de prensa.

El mandatario dijo que la condecoración póstuma es un reconocimiento a los servicios que en vida prestaron los sacerdotes en las áreas de educación, derechos humanos, combate a la pobreza y la exclusión social, a la iniquidad y sus aportes a la paz y la construcción de la democracia.

"También es una de las formas en que el gobierno de la república y particularmente el jefe de Estado, el presidente de la República, hace un acto público de desagravio, es decir, de reposición moral por los errores que como Estado se cometieron en el pasado, especialmente en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas", agregó.

Las condecoraciones se entregarán en una ceremonia especial en Casa Presidencial el 16 de noviembre, en el vigésimo aniversario de la matanza.

Al acto serán invitados familiares de la víctimas y la comunidad jesuita, entre otros.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, y dos trabajadoras de la residencia religiosa, fueron ejecutados en el interior de la Universidad Centroamericana de esta capital, sumida en una ofensiva guerrillera en aquel entonces.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados, del Batallón elite Atlacatl entrenado Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

El coronel Guillermo Benavides y teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables de la matanza, pero resultaron beneficiados con la ley de amnistía general emitida en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani, la cual evitó también que otros responsables de violaciones a los derechos humanos fueran llevados a los tribunales.

En marzo de 2000, la UCA demandó ante la Fiscalía General de la República al ex presidente Cristiani y a seis coroneles salvadoreños por la autoría intelectual en el crimen de los jesuitas, pero un tribunal de justicia de El Salvador rechazó reabrir el caso.

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